La Ley de la Ciencia ha entrado ya en la recta final. Después de muchos meses en los que el documento ya estaba a punto de publicarse, el parlamento debate estos días los últimos flecos de su redacción . Fuentes cercanas a la Comisión de Ciencia e Inovación del Congreso aseguran que se prevé su finalización para antes del final de marzo.
Pero ese sprint final no está exento de dificultades. Mientras algunos sectores que se verán afectados, como las Universidades, aplauden la futura Ley de la Ciencia, la Innovación y la Tecnología y señalan que aportará muchas ventajas para la investigación y el funcionamiento universitario, otros grupos de investigadores indican que aún tiene algunas carencias.
"El proceso ha sido abierto y desde la Conferencia de Rectores hemos podido participar", afirma Federico Gutiérrez-Solana, rector de la Universidad de Cantabria y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. "La Ley aportará importantes ventajas. Permitirá crear una plantilla investigadora propia cuyas funciones no sean exclusivas de los docentes", asegura.
Según el propio presidente de la CRUE, esto acabará con uno de los problemas de las universidades, "la adecuación de las funciones de las personas". En otras palabras, permitirá que el actual personal docente investigador no tenga que responder a las funciones docentes, investigadoras y de transferencia que tiene en la actualidad. De esta forma, el personal se podrá especializar en alguna de estas funciones y habrá quien se dedique por completo a la investigación y también habrá quien opte por la docencia.
Sin embargo, la plataforma de científicos 'Investigación Digna' ha enviado a los grupos parlamentarios presentes en la Comisión de Ciencia e Innovación del Congreso de los Diputados una modificación a la enmienda 303 al borrador de la Ley de la Ciencia y la Tecnología, la única que hace referencia a los contratos de acceso al sistema científico.
"Se trata de modificar el diseño de los contratos de acceso a la ciencia", asegura Amaya Moro-Martín, portavoz de la plataforma. "Pero lo que pedimos es una carrera científica muy parecida a la que planteaba el primer borrador de la ley, que había sido acordado después del asesoramiento de un comité científico".
De forma resumida, lo que plantea la plataforma Investigación Digna es que se defina un contrato de acceso de cinco años con evaluaciones en el segundo y en el quinto año. Y, si se pasan esas evaluaciones de calidad científica, se pueda acceder a una contratación indefinida.
ENLACE: http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/02/ciencia/1299094368.html
Pero ese sprint final no está exento de dificultades. Mientras algunos sectores que se verán afectados, como las Universidades, aplauden la futura Ley de la Ciencia, la Innovación y la Tecnología y señalan que aportará muchas ventajas para la investigación y el funcionamiento universitario, otros grupos de investigadores indican que aún tiene algunas carencias.
"El proceso ha sido abierto y desde la Conferencia de Rectores hemos podido participar", afirma Federico Gutiérrez-Solana, rector de la Universidad de Cantabria y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. "La Ley aportará importantes ventajas. Permitirá crear una plantilla investigadora propia cuyas funciones no sean exclusivas de los docentes", asegura.
Según el propio presidente de la CRUE, esto acabará con uno de los problemas de las universidades, "la adecuación de las funciones de las personas". En otras palabras, permitirá que el actual personal docente investigador no tenga que responder a las funciones docentes, investigadoras y de transferencia que tiene en la actualidad. De esta forma, el personal se podrá especializar en alguna de estas funciones y habrá quien se dedique por completo a la investigación y también habrá quien opte por la docencia.
Sin embargo, la plataforma de científicos 'Investigación Digna' ha enviado a los grupos parlamentarios presentes en la Comisión de Ciencia e Innovación del Congreso de los Diputados una modificación a la enmienda 303 al borrador de la Ley de la Ciencia y la Tecnología, la única que hace referencia a los contratos de acceso al sistema científico.
"Se trata de modificar el diseño de los contratos de acceso a la ciencia", asegura Amaya Moro-Martín, portavoz de la plataforma. "Pero lo que pedimos es una carrera científica muy parecida a la que planteaba el primer borrador de la ley, que había sido acordado después del asesoramiento de un comité científico".
De forma resumida, lo que plantea la plataforma Investigación Digna es que se defina un contrato de acceso de cinco años con evaluaciones en el segundo y en el quinto año. Y, si se pasan esas evaluaciones de calidad científica, se pueda acceder a una contratación indefinida.
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